Consejo en jaque

El Elche CF de Diego García tiene un importante obstáculo que sortear para seguir dirigiendo la entidad franjiverde. Las dimisiones de Juan Contreras, Juan Serrano y Pepe Alberola han dejado al órgano de administración y gestión franjiverde por debajo del mínimo de integrantes que marcan los estatutos de la entidad ilicitana, algo que hace que, a día de hoy, las decisiones que se puedan adoptar sean susceptibles de impugnación según ha contado COPE Elche (100.8 FM). La junta general ordinaria de accionistas del Elche CF celebrada el 22 de diciembre de 2014 aprobó en su punto sexto la modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales del Club respecto al número máximo y mínimo de consejeros pasando de 7 y 20 a 6 y 13. Una decisión que con Diego García, César Nohales, Ramón Segarra, Jaime Oliver y Francisco Sánchez no permiten seguir ejerciendo el control del Club al estar por debajo del mínimo exigido.

El conclave franjiverde puede elegir por cooptación a sus miembros para sustituir una baja, como sucediera con la entrada de José Luís Maruenda en lugar de Juan Pascual, pero debe ser la junta de accionistas la que valide la entrada de los mismos para que puedan ejercer como tal. Mientras actúan como invitados sin poder de decisión como ya le sucediera a Maruenda en la última reunión del Consejo en donde no pudo votar. La actual situación hace que el órgano de  administración quede paralizado y no esté facultado para tomar decisiones.

La única que podrían adoptar los integrantes del mismo sería, más allá de su continuidad o dimisión, la convocatoria de una junta general extraordinaria de carácter urgente que podría ser pedida por cualquier consejero o accionista del Elche CF según reza el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital. “En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del Secretario judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores. Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto”. La situación que se vive es equiparable a la experimentada durante el pasado verano en la que la única presencia de Jaime Oliver y Francisco Sánchez hizo que se celebrar una junta extraordinaria en el mes de septiembre que dio como nuevo consejo de administración al actual gracias a la convocatoria de los consejeros anteriormente citados.

Papel del administrador concursal

El vacío administrativo de la sociedad concursada puede ser cubierto por el administrador concursal. Carlos Pérez Pomares tendría que dar un paso al frente, como ya remarcara la asociación Regeneración Elche CF en su último comunicado pidiéndole que pase de administrar a intervenir, ante la falta de un órgano validado por los estatutos del Club; asumiendo la gestión y la administración de la empresa concursada para manejar el día a día en cuestiones económicas y deportivas. La falta de un consejo de administración hace que las decisiones institucionales, y también deportivas, queden en el aire puesto que cualquier que tomara el Consejo podría quedar impugnada por un accionista como el Instituto Valenciano de Finanzas que un Junta posee el 54% de las acciones.

El hecho de que la junta extraordinaria de accionistas tardase en celebrarse un tiempo mínimo de un mes, plazo legal de tiempo desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), haría que el proceso de venta que vive el Elche CF, a través de la subasta pública del crédito que ostenta el IVF contra la Fundación, se pudiera agilizar ante los intentos de impugnación del Consejo de Diego García. La Junta sería la encargada de dar validez al nuevo consejo de administración en dónde el Instituto Valenciano de Finanzas tendría mucho que decir con su 54% de acciones que podrían impedir una agrupación de títulos como la que ha permitido, hasta ahora, pasar el rodillo accionarial a los máximos accionistas.