La Fiscalía pide que el Concurso sea declarado culpable

La Fiscalía del Área de Elche ha solicitado al juez José Luis Fortea que califique culpable el concurso de acreedores del Elche CF, a diferencia de lo estimado hace meses por el administrador concursal, Carlos Pérez. Los fiscales Vicente Plaza y Francisco José Marco señalan a los dirigentes que durante los últimos años han manejado la gestión de la entidad franjiverde pero lo hacen de manera principal, sobre tres actores, José Sepulcre, Juan Anguix y Diego García.

La Fiscalía solicita al juez en su informe, respecto a la figura de José Sepulcre “la inhabilitación para administrar los bienes ajenos durante un periodo de 5 años, así como representar a cualquier persona durante el mismo periodo de tiempo” y “la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubiera obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiese recibido de la masa activa”. Además, “la cobertura del déficit patrimonial en su totalidad, por importe de 45.485.945’69 euros”, así como “indemnizar, con carácter solidario y junto al resto de personas igualmente condenadas a tal indemnización, al Elche CF SAD en el 100% de los daños y perjuicios causados al mismo, cuantificándose estos en la cantidad total de 20.000.000 euros, 10.000.000 euros por los ingresos derivados de los derechos televisivos que el Club ha dejado de percibir por no disputar la Primera División del fútbol profesional y otros 10.000.000 euros por la inversión que Skyline International iba a realizar en el Club y a la que se opuso circunstancias en las que intervino”.

Respeto a Juan Anguix, se pide “la inhabilitación para administrar los bienes ajenos durante un periodo de 5 años, así como representar a cualquier persona durante el mismo periodo de tiempo”, también “la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubiera obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiese recibido de la masa activa”, así como “la cobertura del déficit patrimonial en un 1%, indemnizando con carácter solidario y junto con  el resto de personas igualmente condenadas a tal indemnización, al Elche CF en el 1% de los daños y perjuicios causados al Elche CF cuantificándose estos en la cantidad total de 20.000.000 euros, 10.000.000 euros por los ingresos derivados de los derechos televisivos que el Club ha dejado de percibir por no disputar la Primera División del fútbol profesional”.

Por su parte, respecto a Diego García, actual presidente, los fiscales piden en su informe “la inhabilitación para administrar los bienes ajenos durante un periodo de 5 años, así como representar a cualquier persona durante el mismo periodo de tiempo”, así como “la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubiera obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiese recibido de la masa activa” e “indemnizar, con carácter solidario y junto al resto de personas igualmente condenadas a tal indemnización, al Elche CF SAD en el 50% de los daños y perjuicios causados al mismo, cuantificándose estos en la cantidad total de 20.000.000 euros, y ello por la inversión que Skyline International iba a realizar en el Club y a la que se opuso”.

La Fiscalía, a través de un informe “demoledor”, según fuentes jurídicas consultadas y al que ha tenido acceso este medio, desmenuza de manera minuciosa la situación que ha vivido el Elche CF en los últimos años pidiendo responsabilidades, tanto penales como patrimoniales, no solamente a los dirigentes de las últimas tres etapas, sino también vinculando como “cómplices” a empresas vinculadas a los mismos. Fuentes jurídicas apuntan que “es extraño que un informe como pueda ser rebatido por el juez”. Los dos fiscales no entran en las figuras de tres personas, Juan Serrano, José Alberola y cristina Martínez y concede cinco días hábiles para presentar alegaciones, a partir de ahí, el juez empezará a llamar para declarar a los implicados.