Elche CF | JUZGADOS
La LFP recurre entregar al Elche la ayuda por el descenso
La patronal de clubes argumenta que el club franjiverde no tiene derecho a recibir los 2.250.000 euros, tras haber descendido, no sólo por no tener un convenio firme, también porque cuando la pidió no cumplía los requisitos
La Liga de Fútbol Profesional (LFP) no se ha quedado de brazos cruzados ante la providencia enviada por Leandro Blanco el pasado 15 de septiembre. El magistrado del Juzgado Mercantil 3 de Alicante, con sede en Elche, requería a la patronal de clubes “que se abone la ayuda al descenso a que hubiere lugar a favor del Elche CF, tal y como se solicita en el escrito a fecha 28/07/2017 presentado por dicho Club”. La LFP disponía de cinco días hábiles para, mediante recurso de reposición ante dicho juzgado, argumentar su defensa tras la decisión judicial al escrito presentado el pasado 11 de septiembre en el que se negaba a entregar el importe económico solicitado por la entidad del Martínez Valero.
La patronal de clubes explica, según ha contado COPE Elche (100.8 FM), en su argumentación de cuatro páginas (entregadas a 23 de septiembre de 2017) que “no existe ningún derecho de crédito favorable al Elche CF” insistiendo en que “no hay lugar al abono de ninguna ayuda al descenso”. Desde la representación judicial se dice que “para que nazca el derecho de crédito que el Elche CF dice ostentar, tienen que cumplirse en un momento temporal concreto, el de la solicitud de ayuda, distintos requisitos tales como estar al corriente del pago con la AEAT y TGSS, así como que, en caso de que el Club se encuentre en concurso de acreedores. La Sentencia Judicial que lo apruebe sea firme y definitiva, requisitos estos que nos e cumplen, siendo por lo tanto que no existe ningún derecho de crédito a favor del Elche CF”.
Además, desde la LFP se traslada al juez que “los estatutos Sociales de la Liga recogen textualmente la condición de la firmeza de la Sentencia que aprueba el convenio, y no la de la eficacia de la misma, no obstante, reiteramos que no existe derecho de crédito alguno a favor de la concursada dado que no se cumplen otros requisitos adicionalmente necesarios para su concesión”.
Incongruencia
Para finalizar, la LFP, que pide “se revoque la resolución recurrida, dictándose nueva resolución por la que no se admita la solicitud formulada por el Elche CF” también expresa que “la Providencia recurrida no hace mención alguna a la razón o razones que han llevado a este Juzgado a adoptar la decisión puesta de manifiesto en la mentada resolución, al igual que tampoco hace mención respecto a la inadecuación del trámite utilizada por la Concursada para instar su solicitud, ni la cuestión incidental avanzada por mi mandante relativa a la incompetencia funcional del Juzgado para conocer de la solicitud del Elche CF, pese a que dichas circunstancias han sido expresamente alegadas por mi mandante, lo que hace que la Providencia incurra, además, en el vicio de la incongruencia”.
De esta forma, la LFP argumenta en su defensa para no hacer frente a la entrega de la ayuda por el descenso (2.250.000 euros), que el Elche CF no tiene derecho a recibirla, no por no tener un convenio de acreedores firme, que también, sino porque a la hora de solicitarla a la patronal de clubes no cumplía con los requisitos necesarios (tales como estar al día de sus obligaciones tributarias). La decisión tomada por el juez Leandro Blanco tuvo lugar el pasado 15 de septiembre cuando, tras suspender de manera cautelar el convenio de acreedores del Elche CF ante las impugnaciones de Agencia Tributaria, Tesorería General del Estado, administrador concursal e Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) “por el daño irreparable” que sufrirían determinados acreedores del Elche CF ante una ampliación de capital que diluiría su porcentaje en la entidad franjiverde; dejó en manos de la Audiencia Provincial la puesta en marcha del plan de viabilidad franjiverde, algo aún pendiente de conocer. La LFP tiene la posibilidad, si no se acepta su recurso de reposición, de presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante. La decisión judicial, en cuestión de semanas.