¿Un Consejo de Administración habilitado?

El Consejo de Administración del Elche CF vuelve a estar de nuevo, y ya van unas cuantas ocasiones sean cuales sean sus representantes, en el ojo del huracán. Diego García, Ramón Segarra, César Nohales y José Luis Maruenda, sólo se salva de la quema el recién aterrizado (y aún no validado de manera oficial por junta de accionistas) Pascual Moxica, han sido señalados por el Ministerio Fiscal, con su área en Elche, en el informe de 76 páginas entregado al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, para que sean declarados como afectados por la calificación culpable del concurso de acreedores del Elche CF. Dicha situación deja en entredicho la valía, al menos moral, de los dirigentes franjiverde para seguir rigiendo los destinos de la entidad del Martínez Valero, ante la trascendencia que tiene un órgano como el Ministerio Fiscal.

El informe centra su tiro, cuando se refiere al actual consejo de administración franjiverde, en las barreras puestas para evitar la entrada de Skyline International y la aprobación del convenio de acreedores franjiverde que incluye una capitalización de deuda. “Evitando la entrada de inversores extranjeros que iban a inyectar capital al Elche CF (y de un modo muy importante) y auspiciando un convenio de acreedores que iba a suponer que la Fundación dejara de ser el accionista mayoritario para convertir, nuevamente y en un giro esquizofrénico, en accionistas mayoritarios tanto a José Sepulcre como a personas íntimamente vinculadas al mismo y que mantenían derechos de crédito frente al Club, a la sazón, todos aquellos que con su infame gestión habían abocado al Elche CF a la situación concursal en la que se encontraba”. Fiscalía no se queda en la superficie y profundiza. “Se abogaba por votar a favor del convenio de acreedores a pesar de lo perjudicial que resultaba para el Elche CF y de la oposición de Abogacía del Estado, Administración Concursal e IVF”.

“Todas las trabas posibles”

Respecto a la “oposición a la entrada” de Skyline International, Fiscalía indica que el actual Consejo puso “todas las trabas posible, anteponiendo los intereses del Elche CF en lo que iba a suponer la supervivencia del mismo a los propios intereses económicos y personales de miembros y ex miembros del consejo de administración que veía perder su mayoría accionarial”. Insiste, “ha supuesto una agravación de la situación de insolvencia, habiéndosele privado de esa inyección de capital para sumirlo en una situación en la que el convenio de acreedores aprobados e encuentra impugnado y sin perspectiva ninguna de encontrar inversores como el anterior, dispuestos a inyectar capital, inversor este que ofrecía mayores garantías y que, como consecuencia de las maniobras torticeras abandonaron el proyecto para dirigir su mirada a Albacete, Esta situación, colmo de la negligencia, maltratando por todas las vías a un inversor  que iba a suponer el relanzamiento del Elche CF se ha visto abocado a un nuevo descenso, deportivo, a una categoría en la que los ingresos económicos adolecen por completo”. Concluye, “han antepuesto sus intereses y los de personas afines a los mismos a los del propio Elche CF”.

Con todos estos ingredientes, Fiscalía solicita para los componentes del actual consejo de administración del Elche CF (a excepción de Pascual Moxica) “la inhabilitación para administrar los bienes ajenos durante un periodo de 15 años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo periodo”, “la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiese recibido de la masa activa” y “indemnizar, con carácter solidario y junto al resto de personas igualmente condenadas a tal indemnización, al Elche CF en el 50% de los daños y perjuicios causados al mismo, cuantificándose éstos en la cantidad total de 20.000.000 euros, y ello por la inversión que Skyline International iba a realizar en el Elche CF y a la que se opuso”.

Sin embargo, no es la primera vez que un órgano rector del Elche CF queda en entredicho. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) inhabilitó en el año 2015 al consejo de administración que presidía José Sepulcre, integrado por Antonio Rocamora, Francisco Sánchez, Jaime Oliver, José Antonio ‘Toño’ García Hita y Javier Vidal (Daniel Rubio no fue incluido) durante un año (José Sepulcre y Antonio Rocamora) y seis meses para el resto de consejeros (por incumplimiento de los estatutos sociales de la LFP (por las irregularidades detectadas en las cuentas que afectaban al presupuesto de la plantilla 2013/2014, superando en 6.00.000 euros lo establecido por el fair play financiero). Además, también fijo una sanción económica de 90.151’82 euros. Un defecto de forma en la comunicación de la sanción permitió regatear la inhabilitación a todos.

“Favorecer los intereses de Sepulcre”

Ahora, dos años después, es Fiscalía la que, además de señalar a esos directivos, suma a los actuales dirigentes de la entidad franjiverde, por motivos bien distintos, pero con un mismo denominador común, la falta de rigor en la gestión. Fiscalía no duda en señalar en su informe que “la actuación de este señor (Diego García, presidente del Elche CF) desde que accedió a la presidencia en abril de 2016, así como el resto de consejeros (Paco Sánchez, Ramón Segarra, César Nohales y Jaime Oliver) ha ido en todo momento dirigida a favorecer los intereses de José Sepulcre y de las personas afines al mismo, algunas de ellas los propios consejeros”.

El escenario dibujado por Fiscalía en su informe, y la petición de calificación del Concurso como culpable, al Juzgado abre de nuevo el debate sobre la presencia de dichos dirigentes en el Elche CF. ¿Están habilitados para seguir dirigiendo la gestión diaria de la entidad franjiverde, más aún cuando se van a ver inmersos en un proceso de presentación de alegaciones y posibles declaraciones? El abogado Juan Carlos Soler, especialista en derecho concursal, ha ofrecido su puntos de Vista en COPE Elche (100.8 FM) así como una solución. “Desde el punto de vista moral la respuesta está clara, desde el punto de vista jurídico ya lo dijo la Audiencia Provincial en la sentencia de Eventos Petxina. Existe una responsabilidad social que se debería exigir y nos e ha hecho. Si nos atenemos a lo que indica el Ministerio Fiscal, aunque parezca que no, los accionistas del Elche CF, teniendo un 5% del capital social, pueden hacerlo. Son los que deberían iniciar una acción de responsabilidad contra este consejo de administración para solicitar e instar la suspensión de un órgano rector que está llevando al Elche CF a una situación insalvable”.  

Futuro

Los actuales dirigentes del Elche CF, y todos aquellos que Fiscalía ha solicitado al Juzgados e declaren como afectados por la calificación culpable del concurso de acreedores del Elche CF, disponen de cinco días hábiles, hasta el próximo viernes 20 de octubre de 2017 para personarse en el proceso con abogado y procurador. A partir del lunes 23 de octubre de 2017 se dará traslado de las actuaciones para, en diez días, presentar alegaciones, oponiéndose o allanándose. Una vez finalizados los diez días de plazo, si los personados se oponen, el Juez señalará día y hora para celebrar el juicio.